Imponiendo pol铆ticas a los indocumentados
Proponer leyes en contra de los 'extranjeros ilegales' puede incrementar la popularidad de los pol铆ticos, pero los resultados ser谩n costosos litigios que sus localidades perder谩n.
En meses recientes, una serie de localidades -- incluyendo Avon Park, Florida, y Hazleton, Pensilvania -- han propuesto decretos para regular la inmigraci贸n castigando a aqu茅llos que ayudan y apoyan a los 'extranjeros ilegales'. Aunque esto puede parecer una idea razonable -- 驴qui茅n desea, despu茅s de todo, apoyar actos il铆citos? -- los decretos contienen muchos errores, son inconstitucionales y conducir谩n a la discriminaci贸n en contra de todos los inmigrantes y muchas minor铆as.
Un decreto "modelo" se ha estado propagando por varias ciudades en todo el pa铆s. Lo que propone es castigar a las personas que contraten, les alquilen o les vendan a los "extranjeros ilegales". Pero lo que la ley no indica a los empleadores, a los caseros y a los comerciantes locales es c贸mo proceder sin violar otras leyes, como la Ley de Vivienda Justa y las leyes de derechos civiles que proh铆ben la diferenciaci贸n racial y 茅tnica. No indica a un casero c贸mo identificar a un extranjero ilegal; en muchos casos, ni siquiera le indica qui茅n podr铆a calificar como tal.
En la pr谩ctica, no es tan f谩cil determinar qui茅n es un "extranjero ilegal". Incluso la frase carece de definici贸n. El c贸digo de inmigraci贸n reconoce literalmente cientos de categor铆as de inmigraci贸n, pero extranjero ilegal no es una de ellas. Pedir a los caseros y comerciantes locales que decidan qui茅n es ilegal no s贸lo es injusto para ellos, sino que inevitablemente conducir谩 a que decidan que alquilar o vender a ciertas categor铆as de personas -- todas aqu茅llas que luzcan extranjeras o que tengan un acento, por ejemplo -- es simplemente demasiado riesgoso. A esto se denomina discriminaci贸n. Todos podemos estar de acuerdo con que esto es ilegal e injusto. Y si estos decretos se aprueban, ser谩 inevitable.
El gobierno federal desde ya regula la contrataci贸n de todos los empleados exigiendo a los trabajadores que completen formularios I-9 y prohibiendo la contrataci贸n de trabajadores si se sabe que no cuentan con la autorizaci贸n apropiada. Independientemente de lo que opinemos del sistema federal, los estados y las localidades no tienen la libertad de implementar sus propios programas alternos. La historia legislativa de la ley federal que rige la contrataci贸n de trabajadores -- la Ley de Reforma y Control de la Inmigraci贸n -- es perfectamente clara con respecto a lo siguiente: "[l]as sanciones contenidas en esta legislaci贸n tienen el prop贸sito espec铆fico de neutralizar cualquier ley estatal o local que imponga multas civiles y/o sanciones penales por la contrataci贸n, reclutamiento o recomendaci贸n de extranjeros indocumentados...".
Aprobar leyes en contra de los 'extranjeros ilegales' puede incrementar la popularidad de los pol铆ticos locales, pero los resultados ser谩n costosos litigios que sus localidades perder谩n. Los decretos nunca surgir谩n efecto y las localidades perder谩n mucho dinero a consecuencia de esto, ya que no s贸lo tendr谩n que pagar los honorarios de sus propios abogados, sino tambi茅n los de los abogados que refuten los decretos. Mientras tanto, transmitir谩n el mensaje de rechazo a muchos de sus residentes, incluyendo latinos e inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos por la v铆a legal. 驴Qu茅 le parece esta propuesta con la que todos llevan las de perder?
El decreto propuesto recientemente y que fue revocado en Avon Park est谩 basado en un decreto que est谩 circulando en el campo anti-inmigratorio. Conten铆a una propuesta para prohibir que la ciudad realizara operaciones en otro idioma que no fuera el ingl茅s. A primera impresi贸n, esto podr铆a tambi茅n tener algo de sentido para algunas personas. Pr谩cticamente todos est谩n de acuerdo con la idea de que las personas en los Estados Unidos deben aprender ingl茅s. Sin embargo, el aprendizaje de otro idioma no es una simple cuesti贸n de voluntad, sino que toma mucho tiempo empezar a ser incluso moderadamente competente en un segundo idioma, especialmente cuando ya se es adulto. Esta clase de disposiciones violan los derechos legales tanto de los miembros de la comunidad como de los funcionarios y empleados p煤blicos. La disposici贸n infringe el derecho constitucional fundamental de los residentes de dirigirse en petici贸n al gobierno y de expresar sus puntos de vista. Los tribunales han declarado que tales disposiciones son ilegales en muchos casos, incluyendo el famoso caso sobre la disposici贸n para el uso exclusivo del ingl茅s en Arizona, Yniguez v. Mofford 730 F. Suplemento 309 (D. Az. 1990).
Al final, es responsabilidad de nuestro gobierno federal tratar los numerosos problemas de pol铆ticas relacionados con la inmigraci贸n. Las localidades servir铆an mejor a sus ciudadanos haciendo un llamado al Congreso para que se ocupe de esos problemas, en vez de estar proponiendo decretos ilegales que s贸lo los pondr谩n en aprietos.
Mary Bauer es directora del Proyecto de justicia inmigratoria del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur (Southern Poverty Law Center). Antes de la revocaci贸n de la resoluci贸n propuesta en Avon Park, ella envi贸 una (PDF) dirigida al alcalde y a los miembros del Consejo de la Ciudad en la que les advert铆a acerca de los problemas con la ley.
